En enero de 2021 dos juezasfueron asesinadas a tiros cuando entraban en el Tribunal Supremo de Afganistán. «No fue casual, fue el producto de una serie de asesinatos premeditados por los talibanes, asesinatos selectivos para aleccionar a la población y enviar un mensaje de limitación a las mujeres juezas», explica la magistrada Gloria Poyatos, miembro de la Junta Directiva de la International Association of Women Jutges (IAWJ), y directora de la Región de Europa, África del Norte y Oriente Medio. Las dos juezas asesinadas eran socias de IAWJ. «El peligro que corrían nuestras compañeras afganas era inminente, desde que los talibanes tomaran el poder y revirtieran el proceso democrático que con tanto trabajo se había logrado. Y descendimos desde el asociacionismo teórico al activismo práctico. En agosto todo se precipitó y las juezas tuvieron que huir de sus puestos de trabajo a toda prisa, son el anatema de la ideología patriarcal: mujeres con poder juzgando a hombres. Eran la diana talibán, ¡están en listas de ejecución!», denuncia.

Desde la asociación se empezó a organizar la salida de esas juezas del país. «Ocultamos a nuestras compañeras en pisos francos, había que desplazarlas con seguridad al aeropuerto. Al principio salieron dos o tres aviones, luego tuvimos que hacerlo por tierra a través de Pakistán o Irán y desde allí con visados de países democráticos».

«Todas somos afganas, nos puede pasar en cualquier momento y lugar del mundo» dice la magistrada Gloria Poyatos.

Fue entonces cuando se encontraron con una cuestión que hasta entonces había pasado desapercibida. «Cuantitativamente las mujeres somos la mitad de la población. Cualquier otro grupo es inferior, pero no se reconoce la persecución por razón de sexo y género ni por la edad niños y niñas.Las mujeres son las más perseguidas por ser mujeres y en la Convención de Ginebra no hay rastro », expone Gloria Poyatos. Para conseguir los visados algunos países hacen «una interpretación» de una directriz de ACNUR, y ven el género como «grupo social», pero «las mujeres no somos un grupo social, somos más de la mitad. Ellas son perseguidas por juzgar a los hombres siendo mujeres , si su persecución se hace con más saña que a los jueces varones, que también se les persigue. Con ellas se pretende advertir al resto de la población femenina en su estatus de objeto perteneciente al hombre. No son consideradas seres humanos, no pueden desplazarse, caminar con tacones porque excitan, no pueden educarse, no pueden trabajar, no tienen asistencia sanitaria especializada. Tienen que parir en casa. Afganistán es el único país del mundo que prohibe la educación de las niñas a partir de una edad ante la mirada impasible del planeta. Esto debiera escandalizar», añade.

Se trata, explica la magistrada, «de violencia de género laboral. Otra modalidad de violencia de género. Son perseguidas por su trabajo, si hubieran sido amas de casa no las hubieran perseguido».

Poyatos advierte de que la situación de Afganistán no se puede tomar como un hecho aislado. «Tenían los derechos humanos más avanzados que en España. Lo que pasó allí es que en 24 horas lo perdieron todo. Hace un par de semanas el talibán ha derogado todos códigos y ha denunciado los tratados internacionales que había suscrito. Solo está en vigor la sharía. No hay nada que impida que esto pueda pasar en España. Es radical lo que digo, pero no es absurdo. Todas somos afganas, nos puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Las derechas se rearman, van con discurso para llegar al poder pero desconocemos cómo lo van a ejercer cuando llegan. Y denunciar los tratados internacionales es relativamente fácil», lamenta. Para la jueza, en occidente «tenemos nuestras brechas de género, allí es una fase más agresiva», pero advierte de que «no hay ningún país del mundo en el que se haya alcanzado la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Son grados de devaluación de la mujer porque no es una cuestión prevalente. Si decidieran mujeres es posible que la comunidad internacional hubiera frenado lo que está pasando».

La asociación ha logrado sacar, de momento, a 180 juezas con sus familiares, cerca de 1.000 personas. «Ellas no viajan solas, son cuidadoras, tienen hijos, padres, hermanos menores… y nos quedan 790 juezas. Estamos en contacto permanente con ellas en un zoom que nunca cierra asistidas por dos interpretes de farsi». Siete de las juezas se han refugiado en España y en breve llegarán otras dos que están en Pa􀀎istán. Pero hay que tener en cuenta, recuerda, que lo han perdido todo. «Eran juezas y ahora son refugiadas».

La asociación IAWJ recogió el viernes, 25N, uno de los premios que entrega Charter 100 Gran canaria, que ha celebrado la 7ª edición de unos galardones que reconocen el trabajo de instituciones y personas en favor de la igualdad. Además, el jueves 1 de diciembre la jueza del tribunal Supremo de Afganistán Gulalai Hotak dará una charla junto a Gloria Poyatos en el la Casa-Museo León y Castillo de Telde (18.30 horas).

PressReader PressReader Canarias 7, domingo, 27 de noviembre de 2022, Page 40